ARTÍCULO 9. Además de las facultades y obligaciones que expresamente le confiere el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia tendrá las siguientes:

I. Vigilar que la impartición de justicia se realice de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, emitiendo los acuerdos y circulares que para tal efecto se requieran;

II. Elegir a su Presidente en términos del artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y del artículo 10 de esta Ley, quien también presidirá el Consejo de la Judicatura. La elección tendrá verificativo el quince de septiembre del año respectivo. En la propia sesión se designará un vicepresidente;

III. Señalar la adscripción de los magistrados para la integración de cada una de las salas unitarias y colegiadas, asignándoles la numeración ordinal que habrá de corresponderles en el ejercicio de su responsabilidad y la especialidad de las mismas, a propuesta del Presidente. Esta integración se verificará en sesión extraordinaria que habrá de realizarse inmediatamente después de que se rinda protesta de ley en el caso de nueva designación de magistrados; o en otro tiempo cuando las necesidades del servicio lo requieran;

IV. Calificar los impedimentos, recusaciones y excusas de sus integrantes cuando se trate de asuntos de la competencia del Pleno y de los magistrados en conjunto de una Sala; en ese caso, los integrantes de la misma se abstendrán de intervenir en el trámite respectivo y sólo deberán tomar parte en el asunto cuando el Pleno lo requiera;

V. Ejercer su presupuesto a través de su Presidente bajo los criterios de eficacia, eficiencia y honradez;

VI. Autorizar de manera extraordinaria la transferencia de partidas del presupuesto de egresos;

VII. Conocer y dirimir las controversias que surjan entre las salas del Tribunal Superior de Justicia, entre los juzgados, entre los órganos administrativos internos y entre sus organismos auxiliares;

VIII. Analizar, discutir y aprobar, en su caso, el anteproyecto del presupuesto anual de egresos del Poder Judicial del Estado, que someta a su consideración el Consejo de la Judicatura, atendiendo a las previsiones del ingreso y enviarlo al titular del Poder Ejecutivo para el trámite de aprobación respectivo;

IX. Aprobar la cantidad de que pueda disponerse anualmente de los recursos procedentes del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de las excepcionales que le proponga el Consejo de la Judicatura;

X. Nombrar y remover a su Secretario General de Acuerdos y demás funcionarios y empleados del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta del Magistrado Presidente;

XI. Verificar semanalmente el turno de los asuntos que corresponda conocer a las salas, según su competencia. La formalidad de los turnos se llevará por el Secretario General de Acuerdos, por Sala y por cuadruplicado en documentos en que se anoten el número de origen de cada expediente, su procedencia, las partes que intervienen en el procedimiento y el número económico que le corresponda al asunto para efectos del sorteo, documentos que firmarán los integrantes de la Sala en unión del Secretario;

XII. Decidir, como única instancia, los asuntos administrativos que no sean de la competencia específica de órganos o dependencias del Poder Judicial del Estado;

XIII. Ejercer la facultad de atracción para efectos de atender las imprevisiones a que alude la fracción I del artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango;

XIV. Conocer del registro que lleve el Secretario en el libro correspondiente de los títulos de los profesionales del derecho;

XV. Conceder licencias que no excedan de seis meses por año a los magistrados, pudiendo otorgarse con goce de sueldo íntegro, siempre que exista causa justificada para ello. Asimismo, resolver las licencias con motivo de superación profesional;

XVI. Tomar conjuntamente con el Consejo de la Judicatura, la protesta constitucional a los jueces designados;

XVII. Autorizar a los magistrados las ausencias a determinadas sesiones del Pleno, cuando exista razón fundada para ello;

XVIII. Imponer por mayoría calificada a los magistrados y a los consejeros del Consejo de la Judicatura, las sanciones que correspondan por las faltas en las que hayan incurrido, en términos del Título Sexto de esta ley;

XIX. Establecer jurisprudencia por reiteración o por contradicción de tesis, en los términos que establezca esta ley;

XX. Erigirse en jurado de sentencia en los procedimientos de juicio político e imponer al servidor público, por mayoría absoluta de sus integrantes, las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios;

XXI. Dirimir las controversias que surjan entre los ayuntamientos y los Poderes del Estado, en los términos de la ley de la materia;

XXII. Exigir al Presidente del Tribunal Superior de Justicia el cumplimiento de sus obligaciones y determinar la responsabilidad en que incurra en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con esta ley;

XXIII. Conocer del recurso de reclamación que se interponga en contra de los acuerdos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y resolver las impugnaciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 35 de esta ley;

XXIV. Crear y regular, mediante acuerdos generales, la estructura y funcionamiento del Centro Estatal de Justicia Alternativa y de los centros que sean necesarios en el Estado y hacer la designación del Director correspondiente;

XXV. Apercibir, amonestar e imponer multas a los abogados, procuradores o litigantes, en los términos del Reglamento respectivo;

XXVI. Dirigir las labores de compilación y sistematización de leyes, precedentes y tesis de jurisprudencia, coordinando con el Consejo de la Judicatura la difusión de las mismas;

XXVII. Resolver, en única instancia, las demandas que por responsabilidad civil se presenten contra los magistrados del Poder Judicial;

XXVIII. Realizar los cambios en las salas por razón de materia que sean necesarios entre los magistrados numerarios, con motivo de la elección del Presidente del Tribunal Superior de Justicia o por otra causa justificada;

XXIX. Ordenar al Consejo de la Judicatura la práctica de visitas ordinarias o extraordinarias a los juzgados;

XXX. Fijar los emolumentos que deban percibir los magistrados supernumerarios, cuando conozcan de uno o varios asuntos determinados;

XXXI. Atender las excitativas de justicia a petición fundada de parte;

XXXII. Determinar los mecanismos para la supervisión e inspección del funcionamiento de las salas del Tribunal Superior de Justicia;

XXXIII. Hacer del conocimiento del Procurador General de Justicia los hechos que puedan ser constitutivos de delitos atribuidos a los servidores públicos de la administración de justicia;

XXXIV. Atender las observaciones y recomendaciones que le formule la Entidad de Auditoría Superior del Estado, respecto del ejercicio de su presupuesto, en los términos que establezca la ley;

XXXV. Resolver, de oficio o por denuncia, las contradicciones entre precedentes obligatorios emitidos por las salas;

XXXVI. Designar a los integrantes del Consejo de la Judicatura en los términos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y la presente Ley y a los Consejeros que lo representarán en la Comisión de Administración del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado.

XXXVII. Conocer del recurso de revisión administrativa establecido en esta ley;

XXXVIII. Crear las unidades u órganos de apoyo que sean necesarios para la administración de justicia;

XXXIX. Aprobar a más tardar el día 21 de enero del año que corresponda el Plan Trianual de Desarrollo Estratégico del Poder Judicial del Estado, a que se alude en la fracción XLVII del artículo 87 de la presente ley, propuesto por el Consejo de la Judicatura;

XL. Designar a quien presida la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura en los casos de impedimento del Presidente y Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia;