Un Poder Judicial Abierto, con mayor innovación tecnológica y participación de todos: GB

Con la presencia de los titulares de los poderes estatales Ejecutivo y Legislativo, gobernador Esteban Villegas y diputada Sandra Amaya, y ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia, al mediodía del 13 de agosto, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Durango (PJED), Gerardo Bonilla, rindió el informe anual de actividades y avances 2023-2024, sobre la situación que guarda la administración de justicia y el ejercicio de los recursos presupuestales asignados, que lo consolidan como un Poder Judicial abierto, con mayor innovación tecnológica y participación de todos.

Congregados en el aula magna del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario (CCCB), consejeros de la Judicatura, jueces, secretarios de acuerdos, foro jurídico, autoridades civiles y militares, así como integrantes diversos de la sociedad civil organizada e invitados especiales, fueron testigos del cumplimiento del mandato constitucional y del establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de Durango, de presentar en sesión pública las actividades y avances del ejercicio jurisdiccional y administrativo en el ámbito del acceso a la justicia.

El magistrado presidente, Gerardo Bonilla, comenzó el informe al dar a conocer que el complicado estado financiero en el que se encontraba el Poder Judicial de Durango, fue sorteado gracias a la correcta coordinación con el Poder Ejecutivo; “Nuestra institución le agradece sus gestiones señor Gobernador- ya que, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y de Administración y, con aprobación por parte de todas las fracciones de los integrantes del H. Congreso del Estado, el paquete económico del presupuesto se incrementó en un 18.88 por ciento”.

Gracias a lo anterior -expresó- se estabilizaron las finanzas “lo que nos permitió, con excepción de jueces, consejeros y magistrados, otorgarle a nuestro capital humano, luego de casi una década, un incremento del cinco por ciento en el salario base y regularizar a los trabajadores que ganaban menos”. Así, el presupuesto ejercido fue de 523 millones 960 mil 798 pesos, de estos el 57 por ciento concierne al segundo semestre de 2023 y el 43 por ciento a la presente anualidad, en relación al presupuesto autorizado en la Ley de Egresos del Estado de Durango.

Asimismo, dio a conocer datos duros del quehacer de primera y segunda instancia, los cuales arrojan 37 mil 517 asuntos iniciados en juzgados y dos mil 143 en salas, esto es, más de tres mil 300 nuevos procesos por mes; y que se dieron por concluidos 21 mil 405, lo que ratifica la disposición de evitar rezagos y trabajar en favor de los justiciables, convencidos de que además de solucionar litigios, la labor jurisdiccional otorga seguridad y certeza, pues cada uno de los asuntos representa los intereses de las personas, su patrimonio o incluso, su libertad; por ello -agregó- “al impartir justicia pronta, completa e imparcial, ayudamos a la sociedad a ser cada vez más incluyente e igualitaria, aspectos indispensables para alcanzar la materialización de los derechos humanos”, apunto.

En lo administrativo, destacó que las políticas de gasto que se aplican a partir de racionalidad y eficacia de recursos económicos, materiales y humanos, consolidaron la transparencia y la rendición de cuentas; de tal manera que los saldos del Fondo Auxiliar, ascienden a 216 millones 544 mil pesos por custodia de valores y, por ingresos propios, la cantidad de 35 millones 568 mil 800 pesos, así se ha cumplido con las devoluciones de garantías, que incluso superan a los depósitos, lo cual otorga certeza en el manejo de los recursos en resguardo de conformidad a la norma y con diversificación de inversiones, a fin de preservarlos y obtener mejores rendimientos.

También, hizo hincapié en los retos que actualmente enfrentan, para los cuales resultan necesarios presupuestos suficientes para que la justicia sea eficaz y de calidad; tanto para la infraestructura que se avizora inminente con la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como en lo tocante a las soluciones tecnológicas, espacio de almacenamiento y acceso electrónico a los servicios judiciales tanto jurisdiccionales como administrativos que permitan abatir el rezago de años y entrar en la modernidad de avanzada.

Finalmente, el magistrado Bonilla, agradeció el apoyo incondicional de su familia y el esfuerzo diario de magistrados, consejeros, jueces y de toda la comunidad judicial, en suma, más de 1 mil 200 trabajadores comprometidos con su tarea, imparciales y transparentes en su actuar, a quienes conminó a seguir unidos y fuertes. “Este informe anual, es con base al Plan Trianual 2023-2025; con el propósito de consolidar la impartición de justicia, en un marco de legalidad, apertura, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, que consolidad “Un Poder Judicial Abierto”, concluyó.