El Poder Judicial del Estado de Durango y la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango, refuerzan lazos de vinculación interinstitucional, con la firma de un convenio de colaboración académica, que tuvo lugar la mañana de este martes 16 de enero, en el vestíbulo de la Universidad Judicial, con la presencia de integrantes de los plenos del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, y del consejo directivo de la propia Barra.

La magistrada presidenta, Yolanda de la Torre, celebró que este convenio de colaboración académica sea una de las primeras acciones que el Poder Judicial realiza en este 2024 que apenas comienza, puesto que vienen retos importantes como lo es la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para lo cual la actualización de la comunidad judicial y del gremio de los abogados es fundamental.

En este acto se resaltó la presencia del magistrado José Luis López Ibáñez y del director del Instituto de Defensoría Pública, Arturo Granadino Loaeza, expresidentes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango, además de la presencia de la rectora de la Universidad Judicial, Xóchitl Hernández, así como la de algunos otros expresidentes de dicha Barra.

El presidente de la Barra, Francisco Javier Betancourt Solís, destacó que dentro de los pilares fundamentales del Colegio que representa, se encuentran el estudio y la formación de profesionistas de alto nivel, por ello agradeció a la magistrada presidenta la oportunidad de concretar este convenio con el Poder Judicial del Estado de Durango, en busca de espacios que abonen a la constante profesionalización y especialización de sus representados.

Cabe precisar que el convenio formaliza las bases, los mecanismos de acción y los planes de trabajo para que las partes lleven a cabo de manera conjunta y coordinada proyectos académicos, de investigación, de análisis y de estudio, con un enfoque jurídico en las áreas que sean prioritarias de acuerdo a las realidades del dinamismo de la ciencia jurídica.

También, establece que la difusión de la cultura jurídica, la celebración de conferencias, cursos, talleres relacionados con la materia de derecho en sus diversas ramas, intercambio de productos académicos desarrollados por las partes y cualquier otra actividad de índole estrictamente académico con fines de retroalimentación, son las áreas de acción y colaboración a fin de lograr los objetivos centrales que se planten en el instrumento jurídico.