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Poderes Judiciales de los estados, conmemoran el XX aniversario del Estatuto de Roma

 

En el marco de la conmemoración del XX aniversario del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el pasado viernes 14 de septiembre, se llevó a cabo una capacitación dirigida a jueces de la república mexicana pertenecientes a la Comisión Nacional de Tribunales Supremos y Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) A.C.

Dicha capacitación se llevó a cabo por regiones, en el caso de la zona Noreste de la CONATRIB, que coordina el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango, magistrado, Esteban Calderón Rosas, la sede fue en el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, que preside la magistrada Miriam Cárdenas Cantú.

 De esta manera, en la ciudad de Saltillo se concentraron juzgadores y personal jurisdiccional en materia Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Durango, con la participación como ponentes de la coordinadora de Derecho Internacional Público y el director de Litigios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mariana Salazar Albornoz y Víctor Emilio Corzo Aceves, respectivamente. 

La capacitación consistió en la exposición del Sistema Penal Internacional, los tipos Penales Internacionales, la forma de autoría; así como la estructura y funcionamiento de esta Corte, su interrelación con México y las obligaciones de investigación y enjuiciamiento.

La Corte Penal Internacional, fue creada por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 17 de julio de 1998, mediante el Estatuto de Roma, la cual entró en vigor el 1 de julio de 2002, convirtiéndose en el primer tribunal universal de carácter permanente, encargado de juzgar a los responsables de crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio.

En la actualidad son 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de esta Corte con sede en La Haya, la cual el 4 de octubre de 2004, firmó un acuerdo con la ONU que regula la cooperación entre ambas instituciones y se financia principalmente a través de los Estados miembros, pero también con aportaciones voluntarias de gobiernos, organizaciones, sociedades, particulares y otras entidades. 

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