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Poder Judicial se suma a gobierno abierto con dos compromisos en beneficio de la sociedad

Rescate del archivo judicial y publicación de síntesis de sentencias

Comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, como eje rector de su plan de desarrollo, el Poder Judicial del Estado de Durango, representado por su presidente, el magistrado Esteban Calderón Rosas, a través de los Tribunales Superior de Justicia y para Menores Infractores, se suma al 2° plan de acción local de Gobierno Abierto, que impulsa el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP).

Así se dio a conocer, el pasado lunes durante la presentación de los avances de este segundo plan de dicha iniciativa encargada de desarrollar políticas públicas basadas en la transparencia, la colaboración y la participación corresponsable entre los ciudadanos y las autoridades locales mediante dos principios básicos, la apertura de datos públicos y la comunicación proactiva para compartir la información.

Este segundo plan se conforma por 8 compromisos, dos de ellos asumidos por el Poder Judicial del Estado en el tema de justicia abierta, el primero a través del Tribunal Superior de Justicia, en el que, desde enero de 2018, se trabaja, en una primera etapa, en la limpieza, organización, clasificación, captura y registro del archivo judicial, donde hasta el momento se observa el recate de 250 mil expedientes de un global de 660 mil.

Este esfuerzo, encomendado a la subdirección de Archivo del Poder Judicial, se pretende culminar en una segunda fase con la digitalización del total de los documentos en materia Familiar, Mercantil, Civil y Penal, con el objetivo de que las partes involucradas puedan consultarlos de manera rápida y confiable.

El segundo compromiso adquirido por el Poder Judicial, a través del Tribunal para Menores Infractores, consiste en publicar y transparentar las síntesis de sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional en mención, para informar a la ciudadanía las medidas sancionadoras aplicadas a los adolescentes en conflicto con la ley, dirigidas a lograr una verdadera reinserción social de los menores de edad.

Cabe destacar, que el secretariado técnico local, de esta iniciativa respaldada por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), además de los tres poderes públicos estatales, lo integran miembros de la sociedad civil organizada y el propio órgano garante de la entidad, encabezado por su presidenta, la comisionada Alma López de la Torre.

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