Con el sistema electrónico de pago de pensiones alimenticias mediante tarjetas de débito, que el Poder Judicial del Estado opera, desde finales de 2018, a través de la Dirección del Fondo Auxiliar de la administración de justicia, en los cinco juzgados familiares ubicados en el palacio de justicia del Primer Distrito, en el periodo de emergencia sanitaria se redujo la movilidad de más seis mil personas en sus instalaciones.

Los registros estadísticos del Poder Judicial, muestran que del 18 de marzo al 30 de junio del presente año, se realizaron 3 mil 608 depósitos bancarios, es decir mil mensuales aproximadamente, según lo informó el presidente del Poder Judicial, magistrado Esteban Calderón Rosas. Con ello se evitó la asistencia a los juzgados familiares del doble de personas, ya que con este mecanismo se beneficia, tanto el deudor como el acreedor alimentario, al hacer el movimiento desde cualquier centro bancario o tienda de conveniencia.

El magistrado presidente afirmó que durante las semanas de contingencia, se entregaron 39 tarjetas de débito, esto previo acuerdo emitido por los juzgadores familiares, con estas suman, hasta el 30 de junio, un total de un mil 150 tarjetas: 340 del Juzgado Primero; 197 del Juzgado Segundo; 301 del Juzgado Tercero, 233 del Juzgado Cuarto, y 79 del Juzgado Quinto.

Agregó, que al hacer una comparativa con los primeros meses del año, enero y febrero, se advirtió una disminución aproximadamente del 30 por ciento en cuanto al número de depósitos realizados mensualmente, que pudiera relacionarse con la pérdida de empleo debida a los estragos de la pandemia de COVID-19. Esto –aseveró- no exime a los acreedores alimentarios de cumplir con su obligación, pues con trabajo o sin él, los acreedores alimentarios tienen derecho a su pensión.

Por lo general, los deudores alimentarios depositan los días de quincena, que es cuando se refleja un incremento hasta de 60 movimientos por todos los juzgados, pero también se reflejan depósito por semana, cada 10 días o cada mes, esto depende del convenio entre las partes, firmado ante la autoridad jurisdiccional.

Finalmente, señaló que derivado del éxito que ha tenido este programa en los juzgados antes mencionados, y con la necesidad que existe de reducir aún más movilidad social, próximamente se implementará esta medida en el resto de juzgados familiares de la capital, y después en los foráneos, ubicados en los distintos municipios que fungen como residencia de los distritos judiciales a lo largo y ancho del territorio estatal.